En una carta publicada en su página en Internet, en el espacio de aclaraciones, defendió la licitud moral, legal y política de las operaciones, estrictamente mercantiles y privadas, que consistieron en la compra de un terreno, la construcción que ahí se levantó y la posterior enajenación de ese inmueble, «hechos que han sido distorsionados para difamarme».

“Que las autoridades escudriñen cuanto quieran esta información; cualquier pequeño error posible sobre alguno de los hechos o montos señalados, lo rectificaré de inmediato”, sostuvo.

Expuso que ingresó al servicio público a los 19 años de edad, contando ya con patrimonio propio que consta en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro, así como en las declaraciones que, como servidor público, ha presentado en tiempo y forma ante las autoridades.

Explicó que en esas declaraciones consta, de manera transparente, la evolución de su patrimonio.

Sostuvo que tiene plenamente acreditado ante el fisco que sus gastos personales y familiares en ningún momento han provenido exclusivamente de sus percepciones como servidor público, toda vez que desde hace años sus ingresos incluyen rendimientos de negocios privados, siendo comprobables todas las transacciones en escrituras públicas y a través del sistema bancario.

Lo anterior, precisó, consta en sus declaraciones de impuestos anuales y en sus declaraciones públicas respectivas.

Además anotó que la familia de su esposa tiene entre sus integrantes a empresarios conocidos y respetados en Querétaro, con clara solvencia económica desde hace muchos años.

Detalló que las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial (que de manera indirecta me involucran) fueron hechas por personas y empresas particulares y con dinero de particulares; no intervinieron en ellas autoridades de ningún nivel de gobierno ni se usaron recursos públicos.

Jamás, continuó, «he tenido conocimiento, indicios o pruebas que involucren en alguna conducta delictuosa al empresario Manuel Barreiro, persona vinculada –real o supuestamente– con la empresa vendedora del predio, la cual, posteriormente, adquirió la nave industrial construida en él».

Más aún, prosiguió, de la información difundida públicamente no se desprende la comisión de robo, fraude, peculado ni lavado de dinero atribuibles a persona alguna. “Dicho más claramente: de esa información no se desprende ningún delito atribuible a ninguna persona”, sostuvo.

En la carta aclaratoria, indicó que la compra del terreno, la construcción de la nave industrial y su posterior venta están respaldadas por la documentación que la ley exige y ha sido del conocimiento de las autoridades respectivas desde el momento en que se realizaron las operaciones hace ya año y medio.

Externó que se le acusa de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y haberlo vendido en 54 millones, de lo que resulta, según ellos, una ganancia exorbitante de 44 millones de pesos.

Sin embargo, manifestó, esa acusación es falsa y dolosa. “Uno fue el precio pagado por el terreno, otro el monto de la construcción de la nave industrial y, finalmente, el precio de venta de lo ya construido”.

Cabe señalar, precisó en el documento, que las operaciones que involucran naves industriales se realizan, por lo general, en dólares, como en este caso.

Durante los dos años que duró la construcción de la nave industrial, insistió, la cotización del dólar tuvo variaciones importantes, lo que arrojó que la utilidad del negocio fuera a razón, aproximadamente, del cinco por ciento anual, una tasa «completamente razonable dentro del mercado».

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